martes, 2 de abril de 2013

Gobierno de Raimundo palacios

     Para el 19 de marzo de 1890 Raimundo Andueza Palacio asume la presidencia de Venezuela, ocurriendo así un hecho que no había tenido precedentes: dos civiles fuesen presidentes de manera consecutiva; Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890) y Andueza Palacio (1890-1892).
 
     A pesar de su condición de liberal, Andueza fue apoyado por algunos sectores conservadores, integró su gabinete ministerial con mayoría de civiles y sin presencia de guzmancistas, existe una absoluta libertad de expresión, una extraordinaria bonanza económica, manteniendo el nivel del gobierno anterior y en excelente ubicación los precios del café; inaugura el acueducto de Barquisimeto (1890), el Hospital Nacional de Caracas (1891), creación del Ministerio de Correos y Telégrafos (1891), transformación en Universidades de los Colegios Nacionales de Maracaibo y Valencia, entre otras obras de infraestructuras.
     El gobierno de Andueza comienza a perder fuerza, amilanarse ante la sociedad del país por retomar las intenciones del gobierno de Rojas Paúl de reformar la Constitución de 1881, un intento de Rojas Paúl que no pudo consolidarse.
 
     La menciona reforma consistía:
  •   1er proyecto: proponía establecer al Congreso con la facultad de hacer enmiendas Constitucionales sin convocar Asambleas Constituyentes, elevar a Estados las secciones de Falcón y Zulia, pertenecientes al Gran Estado de Falcón. Este proyecto fue promulgado el 16 de abril de 1891.
  •   2do proyecto: realizarle a dicha Constitución cambios, el regreso en la división a 20 Estados, el voto directo universal y secreto, la eliminación por consiguiente del Consejo Federal, extensión a 4 años el período constitucional.
      Estas propuestas levantan fuertes oposiciones con altos grados de frecuencia, reflejándose en el Congreso: existían dos bandos, los continuistas defensores de las ideas Reformadoras y los llamados legalitas que exigían, entre otras cosas, que la elección próxima debía manejarse con los hilos constitucionales de la Constitución de 1881.
 
     Para el 14 de marzo de 1892 Andueza desconoce mediante un comunicado cualquier decisión del Congreso y proclama la vigencia de las Reformas de la Constitución, resultando una contienda armada e ignorando una advertencia de Crespo: “…que si no entregaba el poder el día 20 de febrero como estaba previsto le haría la guerra, contando con el apoyo del país entero…” (Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar).
 
  Buen Orador, Gran Administrador, Preocupado por la salud, Respetuoso por la institucionalidad de la Constitución de 1881, aquí analizaremos de manera genérica cada uno de los adjetivos.
      
     Andueza, como se mencionó en párrafos anteriores era partidario de reformar todo el marco legal-institucional establecido en la Constitución de 1881; propuso, promulgó una serie de Reformas que originaron para comienzos del mes de marzo de 1892 la insurrección armada conocida como la Revolución Legalista; un movimiento que servia de apoyo para aquellos congresistas legalistas que no apoyaban las intenciones de Andueza Palacio y no querían que la Constitución 1881 perdiera vigencia. Es decir, el reestablecimiento de la legalidad constitucional, logrando una fusión entre liberales amarillos y conservadores azules; usando banderas blancas, símbolo de unión. La revolución fue apoyada por casi la totalidad del país en los siete meses de guerra civil, desde los Estados andinos, pasando por toda la zona occidental y oriental. Dejando mas de 4000 muertos y casi 3000 heridos.
 
      Mientras perduró la Revolución Legalista, encabezada por Crespo, Pietro, Ramón Guerra, entre otros; el gobierno a parte de Andueza, tuvo como presidentes Guillermo Tell Villegas y después el sobrino Villegas Pulido. La revolución culmina con la llegada y posesión de Caracas un 6 de octubre de 1892.
 
     La bandera enarbolada por el legalismo supuso el ataque a intenciones continuistas del poder presidencial, al desconocimiento de la Institucionalidad de la Constitución de 1891 y a mantener el dominio de los civiles en la escena política de la República.
 
 

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